REFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO SERÍA UN RETROCESO

Querétaro supera los 4 años de haber iniciado a operar la Justicia Penal Acusatoria, con el modelo denominado Cosmos ¿Cómo ha sido la evolución de la justicia oral en el estado?

El Modelo Cosmos para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro cumple 51 meses de operación, a partir de su implementación el 30 de mayo de 2016, tiempo en el que se han obtenido resultados positivos, producto de la función sistémica de coordinación que han cumplido los modelos de operación, diseñados conforme a una misión, que han hecho de la justicia penal, una realidad para los ciudadanos.

La razón que motiva a Cosmos es que, por Ley, publicada el 03 de octubre de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, se establece la coordinación institucional en materia de justicia y, a partir de esta figura, se diseñan diferentes normativas que permiten que el deber de cada uno de los operadores esté perfectamente claro y regulado en su tramo de actuación.

Asimismo, permitió establecer un organigrama que se compone por una Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, integrada por representantes de los tres poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos participantes, que son la Fiscalía General y la Defensoría de los Derechos Humanos, así como un visor que es el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

No evalúan a ninguna institución en particular ni se inmiscuye en las facultades autónomas o soberanas de cada institución. Este órgano tiene la función de evaluar por acuerdo y consenso los resultados sistémicos con un solo fin, garantizar que en la práctica se tenga la mejor justicia penal para las personas que están sometidas a un procedimiento, sean víctimas o imputados. Este objetivo solo se logra con el llamado debido proceso para llegar a un juicio justo.

La operación de la justicia penal en la entidad, tiene su trazabilidad en el Plan Estratégico 2019-2023, publicado en la Sombra de Arteaga el 02 de agosto de 2019, mismo que constituye una declaración consensuada, institucional, incluyente, que reafirma la convicción de cumplir a la ciudadanía, con un ejercicio específico de rendición de cuentas y transparencia.

Se caracteriza por la descripción de cuatro objetivos estratégicos de coordinación que las instancias gubernamentales operadoras han consolidado como metas comunes para el fortalecimiento institucional, la protección de la integridad del servicio público de justicia penal acusatoria, la construcción de mecanismos y metodologías de evaluación sistémica y la comunicabilidad del modelo de gestión.

También incluye otros tres objetivos determinados por el consenso de las instituciones, cuya característica es que se trata de ejercicios anualizados, en mesas de trabajo especializado y cuya dimensión es la de evaluar el sistema en su conjunto, así como el impacto en los ciudadanos; los acuerdos para definir presupuestos que garanticen un desarrollo simétrico de las instituciones y para las adecuaciones legislativas o normativas.

Para materializar los objetivos de coordinación y colaboración, se diseñaron tres ejes estratégicos para implementarse, operarse y ahora evaluarse: el marco jurídico con un enfoque integral que permite que la normativa de una institución no choque con la otra; la capacitación que genera en los operadores el conocimiento y habilidades que necesita para cristalizar dicho marco jurídico.

Y las tecnologías, perfectamente articuladas por un sistema informático único, una plataforma con sus acotaciones que permite –entre otras prácticas importantes- tener un número único de carpeta de investigación que permanece durante todo el proceso, tener el registro preciso de detenidos y víctimas, así como la verificabilidad de todas las causas, en un proceso judicial o en ejecución.

En este momento, aparte de ser un mecanismo de control de tiempos y del deber ser de los operadores, esta herramienta informática adquirió una de sus funcionalidades más importantes para la que fue creada: la pedagogía de nuestra praxis, pues concentrar la información en un mismo sistema nos permite dar una lectura más certera de nuestros comportamientos cotidianos para medirnos y perfeccionar nuestros procesos.

La incertidumbre que existe contra el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral ¿Se debe a una mala ejecución, aplicación premeditada, ignorancia en la operación o una mala interpretación de la norma?

La base de todo el Sistema Oral es una visión de Estado y, en esta visión está implícito lo que queremos como sociedad, como comunidad. En Querétaro lo que queremos es que reine el Estado de Derecho, es que ya no se detenga para que te investiguen y después te digan “oiga discúlpenos, no era usted”. En Querétaro lo que queremos es una realidad: el debido proceso. Primero investiga, después acusa, me pruebas, dame la oportunidad de debatir y entonces sí, que haya condena y, hasta que haya condena, evidentemente que se ejecute.

Entonces muchas de las opiniones y de las críticas tienen que ver con algo que no se quiere decir, o que no se dice, y es el hecho de que la Justicia Acusatoria Oral tiene que ver con ¿cómo queremos que se trate la libertad de los ciudadanos?, porque predeterminar la libertad de los ciudadanos, sujeto a ciertos rubros cada vez más incrementados, significa que el Estado la tiene fácil, que basta que te acusen por ese delito para que te vayas a la cárcel, si te lo prueban o no, ese es otro tema, pero lo que necesitan es acusarte por otro delito. Ya estás en la cárcel y esto lamentablemente ha sido usado o puede ser usado para fines, no de justicia, sino de otra naturaleza y de eso es de lo que se trata.

El debido proceso está sustentado en respetar el Estado de Derecho y, el Estado de Derecho implica, por una parte, una visión ideológica de que los derechos y las libertades fundamentales de la persona son sagrados, intocables; y por el otro lado, que el Estado tiene que autoregirse por una ética pública, que es simple y sencillamente asumir el respeto a la legalidad, pero no de una legalidad que produce en masa un legislador sometido a un Ejecutivo, una legalidad en donde cada ley, cada norma, no está diseñada para darle facultades macro al Estado, está diseñada cada norma para proteger los derechos y libertades de los individuos.

Entonces, de lo que debería tener la discusión de si funciona o no funciona el Sistema Acusatorio, no es sobre una puerta giratoria que, además es un tema, y un léxico que ni siquiera es de nuestro país como muchos otros más, de lo que debería cuestionarse es ¿qué tipo de Estado queremos?, y ¿cómo queremos respetar las libertades y los derechos de los ciudadanos?, porque si el problema es que nuestros fiscales les falta capacitación, ¡entonces capacitemos!, si el problema es que las instituciones no tienen todos los recursos que necesitan, materiales, físicos y tecnológicos, para que se haga la justicia acusatoria oral como se debe, pues entonces ¡preocupémonos por eso! y si el problema es que nuestra legislación no son los suficientemente habilitantes para el operador, bueno ¡pues corrijámosla!, pero sin tocar lo que no se debe tocar: el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Cada vez que se dice que la justicia penal va mejorar porque se etiquetan delitos pre asignados como graves, lo que estás diciendo es, que antes de que una persona sea juzgada, probada de su culpabilidad, fehacientemente acreditada la prueba, legal, objetiva y permisible, ya la persona está en la cárcel. Entonces nadie puede ser internado en la cárcel solamente por el rubro del delito que te atribuye sin que exista una prueba contundente por la cual te hayas podido defender ante un juez.

Querer ver las cosas de otra manera, es querer retroceder a los finales del siglo XIX, con todo el respeto que me merecen las opiniones que se pronuncian, en que regresar a muchas cosas del sistema penal antiguo es la mejor solución para la Justicia Penal. No, las cosas complicadas requieren mucho mayor esfuerzo, mucho mayor trabajo, pero es lo que se debe de hacer si es que se piensa un Estado con respeto al estado de derecho, y si es que se piensa un debido proceso para garantizar las libertades de los ciudadanos.

Deshacer el debido proceso y darle más herramientas en la ley al Estado, para que este, por la sola acusación someta a la prisión preventiva a los ciudadanos. no es mejorar la justicia, es debilitar el Estado de Derecho y limitar, disminuir sustantivamente las libertades de los ciudadanos.

En el Senado de la República se retomaron las mesas de trabajo para discutir la iniciativa de reforma al Sistema de Justicia ¿Es necesario reformar?

El Estado de Querétaro evidentemente se rige por la Constitución Mexicana, evidentemente si se dan esas reformas, el Estado de Querétaro las aplicará en sus instituciones y en los operadores, pero lo que se ha construido prevalecerá, es decir, no porque los fiscales tengan la prerrogativa de que su acusación sea prevalente antes de que se someta a la revisión de un juez y, al debate de una defensa, no porque así se defina por las instancias federales, así estará la visión de los fiscales, de los defensores, todos los operadores saben que el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos deben de primar sobre de cualquier otra cuestión

Aun cuando llegara a ver esta mirada hacia atrás, muy melancólica para algunos gobiernos, muy añorada por algunos gobernantes, lo único cierto es que sí es un retroceso, no en las instituciones propiamente, sino en el respeto a las libertades de los ciudadanos, porque no te puede -el Estado- meter a la cárcel sin que tengas el derecho de defenderte ante un juez y conocer las pruebas de tu acusación y, esas pruebas, no deben de ser las que construyan tu acusación, sino las evidencias objetivas y científicas que acreditan que hay un hecho delictivo y que una persona lo cometió. Pero hay más, que se puedan debatir, que se puedan rebatir, que se puedan confrontar, si no, no hay justicia, lo que hay es un castigo, y cuando le estamos dando la potestad de castigar a un órgano, a una autoridad, entonces estamos supeditados, incluso, hasta a sus propios intereses personales, y eso es terrible, eso no solamente afecta el estado de derecho, eso afecta la forma en que ves el mundo, afecta a cualquier democracia.

¿La inseguridad que actualmente se sufre a nivel nacional es producto o consecuencia de una mala implementación de la Justicia Penal Acusatoria Oral?

Yo te diría que, en el discurso público a veces resulta más fácil y más comprensible para las personas el optar por las explicaciones fáciles.

A veces en el discurso público muchas personas lo que buscan es dar luz a los problemas, decir que el problema de la justicia es la inseguridad, pues es un equívoco de concepción, no solamente de terminología, sino incluso de definición. La seguridad es una responsabilidad del Estado en colectivo de que los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo en los espacios públicos, estén garantizados y, depende de la visión que se tenga de orden, de paz o de convivencia, ya será el esquema que establezca el estado de cómo articularlo.

Estamos hablando de un tema que tiene que ver con dos actores principales: uno la policía y sus esquemas de inspección, de legalidad; y dos, la participación ciudadana, ¡eso es la seguridad! Y si la participación ciudadana, los esquemas de inspección, de salubridad, de alcoholes, de comercio, no funcionan y tampoco funciona la policía, pues entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, esos son las esencias de la inseguridad. Pero decir que la inseguridad se va a resolver porque los jueces dicten sentencias, perdón, pero eso es un gran despropósito.

El Sistema de Justicia está diseñado para hacer justicia, para combatir la impunidad y para que no haya impunidad, entonces se tiene que cumplir con tres cosas: primero, que si alguien rompe el sistema de seguridad sea detenido; segundo, que se acredite fehacientemente, legalmente, con pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable, que él es el responsable; y tercero, que se le escuche en un debido proceso. Estamos hablando de dos dimensiones totalmente distintas, el Sistema de Justicia es un sistema en donde se evita que uno sea impune frente a su propia responsabilidad y el Sistema de Seguridad es la responsabilidad que tiene el Estado para que todos, tengamos libertad, tranquilidad, paz en los espacios públicos.

Cuando piensas que la justicia te va a resolver la inseguridad estás pensando mal, estás enfocando mal tu problema y, seguramente el Estado va ser catastrófico, porque no solamente vas a tener a la larga un problema que es la inseguridad, a la larga vas a tener dos problemas -como hoy los tenemos- que es la inseguridad y un sistema de justicia que no da castigo y que provoca la impunidad, pero son cuestiones diferentes.

Por eso en Cosmos, nos coordinamos, por eso en Cosmos entendemos que para que haya una aplicación de la justicia eficiente entonces tiene que haber un fortalecimiento de la seguridad y, que la seguridad fortalecida empezando con el acceso a la justicia, de que los policías puedan tomar la denuncia al ciudadano en la calle, va a permitir que los fiscales tengan más elementos, más conocimientos de llevar mejores casos a los jueces y estos escuchen a las partes, para que con todas sus facultades y capacidades, puedan combatir la impunidad, aplicando la ley, dictando sentencias.


Por: Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno.